17/07/2007.

Los usuarios que fueron desalojados del camping Catapum de Cartaya han presentado un recurso en el que solicitan la reposición inmediata por parte del Ayuntamiento de las instalaciones en el mismo estado en que se encontraban antes de marzo de 2004 cuando fueron desmanteladas, así como la celebración de una vista oral.

Los ex campistas han presentado la demanda en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Huelva y exigen al Consistorio cartayero que disponga todo lo necesario para la puesta en funcionamiento del camping y que se les permita la entrada al mismo de nuevo. La demanda ha sido interpuesta después que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictara una sentencia en el que se declaraba improcedente la autorización de entrada al camping para su desalojo en los términos en que se efectuó.

La demanda recuerda que el propio TSJA señala que la manera en que se realizó el desalojo de los campistas, para dar cumplimiento a un decreto por el que se establecía el cierre del camping y la demolición de sus instalaciones, no sólo ha vulnerado la constitución Española, sino también la manera de pedir auxilio al juzgado para efectuarlos, por lo que "lo procedente es la restitución o reposición originaria del camping a los campistas".

Los ex campistas apelan a la máxima sobre inviolabilidad domiciliar recogida en la Carta Magna según la cual "el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito".

El auto del TSJA indicaba que el desalojo debió realizarse una vez identificados personalmente cada uno de los campistas y singularizados cada uno de los casos. Cuando se produjo el desalojo al menos dos personas residían de forma habitual y permanente en el camping, constando en el padrón municipal que ese era su domicilio legal.

Los campistas han mostrado su intención de volver a ocupar las instalaciones hasta que se inicie otra vez el expediente administrativo del Ayuntamiento para el cierre del camping y el desalojo del mismo conforme al procedimiento legal establecido y respetando los derechos constitucionales que amparan a los usuarios.

El conflicto se remonta al mes de octubre del año 2003 cuando la cooperativa Serviturismo Playa San Miguel comunicó a los campistas que debían dejar las instalaciones y se procede a cortar la luz y el agua. En marzo de 2004 se personan agentes de la Policía Local de Cartaya y de la Guardia Civil, mientras una pala excavadora procedía a derribar las instalaciones. El desalojo de los campistas, entre ellos niños y mayores, algunos de los cuales llevaban allí asentados cerca de treinta años y otros estaban censados en Cartaya como único domicilio, se produjo sin resistencia alguna.

fuente: huelvainformacion.es - tu información en tiempo real